Este artículo es la introducción a la serie abierta “La violencia toma lugar. Tierra, mercados y poder en el México rural”.

Es parte del Programa Noria para México y América Central.

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Introducción

“‘Aquí siempre ha habido muertos‘, me dijo Ana con desinterés. Sé que mi preocupación por la historia de violencia en la región le parece injustificada. Lo mismo sucede con mis preguntas sobre la siembra de marihuana. La última vez que hablamos sobre el tema me respondió: es como sembrar maíz, antes de cambiar el tema de nuestra conversación. Mis interrogatorios suenan ridículos en un contexto donde la violencia y el narcotráfico son parte de la vida cotidiana desde hace décadas”.

Diario de campo, Villa Victoria, Michoacán, 15 de junio de 2017

Estas páginas son una introducción a la relación entre violencia, narcotráfico y ruralidad en México. Como lo muestra el epígrafe, la distinción entre cultivos lícitos e ilícitos es porosa, del mismo modo que la identificación entre violencia y tráfico de drogas no siempre resulta tan evidente. Durante buena parte del siglo XX, en geografías rurales de Michoacán, Nayarit, Guerrero y Sinaloa los conflictos que caracterizaban la vida diaria de ranchos y pueblos frecuentemente terminaban en desenlaces trágicos. Estos conflictos podían estar relacionados con economías ilegales, pero también eran disputas agrarias, faccionales o vendettas que buscaban reparar “ofensas de honor”. En las palabras de un maestro de la zona serrana de Guerrero: “lo de siempre eran los pleitos por tierras, mujeres o alcohol” (15 de julio de 2019, Atoyac de Álvarez).

La violencia podía estar ligada al narcotráfico, pero no era la única manera de explicarla o atribuirle sentido. Siguiendo este argumento, hemos desarrollado una serie de trabajos que buscan contribuir al debate sobre violencia, ruralidad y narcotráfico. Es sabido que, desde algunos años, México enfrenta una terrible crisis de seguridad; sin embargo, aún no sabemos mucho acerca de la distribución de las violencias y de sus manifestaciones a nivel local[1]. Recurrimos al trabajo etnográfico e histórico para mostrar que, en geografías rurales de distintas partes de México, la ruptura entre un país supuestamente “gobernable” y otro azotado por la violencia criminal no necesariamente tiene sentido.

La historia y a la etnografía son herramientas clave para enriquecer una discusión que, en el presente, parece estar dominada por análisis que suponen que la violencia tiene causas fácilmente identificables. Somos escépticas de los análisis que afirman que lo violento puede comprenderse a través de señalar los rendimientos –típicamente, el control de la plaza o el dominio de la ruta de tráfico de drogas— que las personas obtienen al recurrir a medios coercitivos. Esta clase de enfoques pierden de vista que lo violento forma parte de procesos sociales con una duración en el tiempo; además de olvidan que las intenciones que motivan los actos violentos no necesariamente determinan sus resultados ni, mucho menos, las formas en que éstos son interpretados. Igualmente, aun si concediéramos que la violencia es producto de las acciones de individuos racionales que persiguen intereses específicos, habría que decir que ésos intereses están configurados por horizontes históricos y culturales que es necesario explicitar.

En geografías rurales de distintas partes de México, la ruptura entre un país supuestamente “gobernable” y otro azotado por la violencia criminal no necesariamente tienen sentido.

Una primera estrategia para realizar un acercamiento distinto a los vínculos entre violencia, narcotráfico y ruralidad es a través de sus protagonistas. Es por eso que a lo largo de este ejercicio colectivo nos referimos a campesinos y no a “narcos”. Hacer de esta categoría social el centro de nuestros análisis nos permite poner de relieve las experiencias de los pobladores de zonas rurales de México.

Aproximadamente 22% de la población mexicana vive en comunidades de menos de 2500 habitantes (INEGI, 2010); sin embargo, más allá de las definiciones técnicas, entendemos la ruralidad como un medio que comparte ciertas características, tales como el aislamiento y la dispersión poblacional. Si bien, típicamente, la asociación del contexto rural con el campo agrícola hace que se defina a los campesinos como agricultores, nosotros hacemos una distinción entre ambos actores debido a que muchos de los hogares considerados campesinos han dejado de depender de la producción agrícola. Si referimos al campesinado es, sobre todo, para enfatizar la posición que ha ocupado un sector de la población respecto al capitalismo y el poder estatal. Con esto, no queremos decir que existe un campesinado homogéneo –sin diferencias étnicas, clases sociales o posiciones ideológicas— aunque sí suponemos que las personas que estudiamos tienen un margen de acción restringido y que los límites de lo que es posible hacer, e incluso desear, están restringido por procesos de dominación política y económica.

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Quizá uno de los rasgos más claros de lo campesino es que la relación que se ha establecido con la clase dominante está marcada por la desposesión. Así lo describía el subcomandante Marcos, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1997: “aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojando de su tierra a los campesinos” (10 de abril de 1997).  A partir de la década de 1980, este proceso de desposesión se materializó en leyes políticas públicas que privilegiaban la producción de cultivos competitivos en el mercado internacional, lo cual afectó, sobre todo, a los pequeños y medianos agricultores.

Se crearon así condiciones desiguales de competencia que redefinieron la geografía rural de México. Sinaloa y Michoacán, por mencionar un par de ejemplos, se transformaron en centros agroindustriales capaces de exportar grandes volúmenes de ganado, aguacate o jitomate; mientras que las zonas altas de Guerrero o Nayarit, por señalar casos emblemáticos, se volvieron zonas expulsoras de trabajadores, muchas veces indígenas, que se emplean como proletarios rurales en los polos de la agroindustria mencionados o que subsisten gracias al trabajo precario en Estados Unidos. Vale la pena decir que la migración trajo consecuencias devastadoras para la agricultura de subsistencia. En el presente, buena parte del paisaje rural mexicano está constituido por parcelas abandonadas y casas vacías.

El narcotráfico tiene que entenderse a la luz de la relación que la población indígena y campesina ha mantenido con el Estado.

En los contextos rurales más empobrecidos la producción de cultivos ilícitos es, prácticamente, la única manera de permanecer en el lugar de origen. A diferencia del maíz, la amapola o la marihuana son cultivos comerciales que permiten obtener una remuneración económica en un contexto donde el dinero es un bien escaso. Los ingresos derivados de la comercialización de colectivos ilícitos se invierten en el arreglo de la casa o en la educación de los hijos. Bajo un esquema económico que combina la agricultura de subsistencia con la producción ilícita es posible, en el mejor de los casos, obtener tanto alimentos básicos como el dinero para satisfacer necesidades de otra índole. Para estos sectores, el trabajo remunerado equivale, muchas veces, a estar fuera de la ley. Consecuentemente, el narcotráfico tiene que entenderse a la luz de la relación que la población indígena y campesina ha mantenido con el Estado.

La producción de cultivos ilícitos ha generado una variedad de sujetos que van desde peones y cuidadores de parcelas de amapola hasta caciques económicos que acaparan la producción narcótica de ranchos o municipios enteros. El campesinado pobre recurre a la producción de cultivos ilícitos para subsistir, aunque difícilmente logra aumentar su capacidad de producción. En los casos en los que hay un excedente, pueden aprovechar esos beneficios para apropiarse de grandes extensiones de tierra y producir un mayor volumen de amapola o marihuana, lo que, a la larga, puede derivar en el surgimiento de figuras, típicamente conocidas, como “capos de la droga”.

El ascenso y consolidación de una burguesía del narcotráfico ha estado ligado al control del espacio a través del ejercicio de la violencia. El monopolio del territorio permite no pagar una renta por el uso de la tierra. Además, la acumulación de territorio facilita la atomización de la superficie cultivada, disimulando los cultivos ilícitos en grandes extensiones de terreno, lo cual funciona como medida preventiva ante una posible incursión de las fuerzas armadas. Aun así, hay que decir que el acaparamiento de la tierra y el uso de la violencia no es exclusivo del narcotráfico, sino que es parte de la formación de sociedades agrarias en muchas regiones de México (Cochet, 1991).

Los territorios donde estamos trabajando para este proyecto

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En ciertas condiciones, algunos campesinos que se dedicaron a los cultivos ilícitos han logrado constituir un capital económico que les permite transitar de la producción de mariguana o amapola a la comercialización de mercancías lícitas. Tal es el caso de cierta organización criminal de la región de la Costa Grande guerrerense. Se trata de una familia que pasó de controlar la producción maderera de un rancho a mediados de siglo, a traficar amapola y marihuana, y que, ante la depreciación reciente de éstos cultivos, se especializa en comercializar ganado, producir zarzamora y aguacate, empacar mango y administrar aserraderos[2]. En las palabras de un campesino de la región: “toda esa gente que andaba armada en la calle ahorita […] se ganan el dinero trabajando en el campo” (Atoyac de Álvarez, 16 de febrero de 2020). En ese sentido, no es difícil imaginar que una parte de la producción agroindustrial del país se vincule a la acumulación de capital proveniente del tráfico de drogas.             

Ahora bien, la transición de cultivos ilícitos a lícitos no necesariamente se traduce en legalidad. En algunos casos, el boom de la agroindustria ha ido acompañado del crecimiento de la violencia y la aparición de grupos armados que protegen a la burguesía rural. Los beneficiarios de procesos acumulación capitalista establecen formas de regulación del fenómeno violento que a menudo se justifican como prácticas de seguridad. Desde 2014, en la costa del Océano Pacífico, en municipios con una trayectoria histórica en la producción de marihuana como Coahuayana, Michoacán, los empresarios dedicados a la producción y comercialización de plátano financian a un grupo de autodefensas para protegerse de las extorsiones y secuestros perpetrados en su contra.

Si bien las medidas han sido exitosas, no son extensivas a toda la población del municipio. Los cortadores de plátano, por mencionar un ejemplo, en su mayoría jornaleros de Guerrero, no son sujetos de protección, aunque pueden beneficiarse indirectamente del control de la violencia (Álvarez, 2020). Algo muy similar sucede en Tancítaro, Michoacán, donde el cuerpo de autodefensas es financiado por productores aguacateros bajo una noción de seguridad que excluye las experiencias de los peones y cortadores que trabajan en los huertos, así como de los obreros que se emplean en las empacadoras de aguacate hass (Román, 2020).

Este esfuerzo colectivo busca situar las realidades agrarias en el centro del debate sobre violencia y narcotráfico.

Muchos de los protagonistas de la llamada “narco-guerra” lidian con circunstancias socio-históricas que conviene reconocer. En contextos rurales, la producción de cultivos ilícitos es una estrategia que permite hacer frente a una situación de extrema precariedad en un país que ha favorecido la agricultura comercial y de exportación sobre otras formas de producción. Estas prácticas no siempre trajeron consigo la violencia armada. En ciertos momentos, sembrar mariguana o amapola era, efectivamente, como sembrar maíz; en otros casos, el aumento de la violencia estaba ligado a la emergencia de una burguesía rural asociada con el narcotráfico. Sin embargo, referir a producción agrícola legal tampoco equivale a ausencia de lo violento. Como señalé antes, el boom agroindustrial ha contribuido a radicalizar procesos de concentración de la riqueza y ha incentivado procesos de regulación de la violencia altamente cuestionables.

Concluyo con algunas ideas en voz alta. Quizás la relación entre narcotráfico y violencia no sea tan obvia como parece. Es en los momentos en que se rompen los acuerdos que definen quién manda y quién obedece que se recurre a la violencia armada para instaurar o renovar el control sobre un territorio, una población o un cultivo –sin que a veces importe demasiado que sea lícito o ilícito—. Ahora, me parece que sería un error suponer que la ausencia de violencia explícita equivale a consenso o aceptación sobre las jerarquías. La autoridad –gobernante, hacendado, cacique o líder criminal— se funda, muchas veces, en un pacto de silencio. Tal y como sentenciaba uno de los campesinos de Rulfo antes de enfrentarse a un funcionario estatal: “[n]o decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos quitaron las ganas de hablar” (1953: 14).

Por último, reconozco que una de las tareas pendientes es analizar la cualidad expresiva de la violencia. Muchos de los de los actos violentos que llenan los titulares de los periódicos superan la lógica instrumental. La forma en que se asesina, en que se exhiben los cadáveres, por mencionar algunos gestos o retóricas de la violencia, merecerían un análisis sistemático. Aunque esa tarea escapa a las posibilidades de este ensayo, es importante ponerla sobre la mesa porque permite enfatizar la complejidad del fenómeno violento y la necesidad de reflexionarlo más allá de su dimensión utilitaria.

Bibliografía y Referencias

Álvarez, I. (2020). “El crimen organizado como peligro. Movilizaciones armadas en el suroeste de Michoacán”. En Salvador Maldonado (coord.), Hacia la justicia. Cuando escasean las garantías. Zamora: El Colegio de Michoacán.

Carta del Subcomandante Insurgente Marcos y el EZLN al General Emiliano Zapata (10 de abril de 1997), disponible en línea: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1997/04/10/a-emiliano-zapata-aqui-estamos-mi-general-aqui-seguimos/

Cochet, H. (1991). Alambradas en la sierra: un sistema agrario en México, CEMCA/El Colegio de Michoacán/ORSTROM: México D.F.

Escalante, F. (1 de enero de 2011). “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso”. Nexos, disponible en línea: https://www.nexos.com.mx/?p=14089

INEGI (2010). “Población rural y urbana”, disponible en línea: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P

Le Cour Grandmaison, R., Morris, N., & Smith, B. (2019). “The last harvest? From the US fentanyl boom to the Mexican Opium Crisis”. Journal of Illicit Economies and Development, 1(3): 312-329.

Román, D. (2020). “Tenemos un privilegio que no lo tiene cualquiera”. Agroindustria, reformas del Estado y formación de enclaves en Tancítaro, Michoacán”. En Salvador Maldonado (coord.), Hacia la justicia. Cuando escasean las garantías. Zamora: El Colegio de Michoacán.

Rulfo, J. (1953). “Nos han dado la tierra”, El llano en llamas. FCE: México D.F.: 13-18.


[1] En 2008, “hubo cinco mil 500 homicidios más que en 2007” (Escalante, 1 de enero de 2011). La violencia no disminuyó en años subsecuentes.

[2] Desde mediados de 2016 a la fecha, el aumento dramático de la demanda de fentanilo –un potente opioide sintético de origen asiático— en Estados Unidos está generando un colapso en la demanda de opioides naturales, tales como la goma de opio que se extrae de la amapola (Le Cour Grandmaison et.al., 2019).


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El Capítulo n°1, escrito por Jayson Maurice Porter: Semillas oleaginosas y pendientes resbaladizas: Economía, ecología y violencia en la costa de Guerrero (1930-1970).

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